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Tres historias que huelen a atropello
Los Angeles Times divulgó un documento secreto de la CIA que acusa al general Mario Montoya, comandante del Ejército, de haber firmado un pacto de colaboración con el lugarteniente del jefe paramilitar -Don Berna. La chiva fue noticia internacional y se creyó que podría, incluso, perjudicar la firma del TLC entre Estados Unidos y Colombia.
Tres días después, el gobierno de Washington dio a conocer un agregado a la \"lista Clinton\", donde incluye empresas sospechosas de nexos con el narcotráfico. Allí figura la firma Duratex, de la familia girardoteña Mor Dale. Según \"fuentes oficiales\" gringas, los negocios de los Mor \"hacen parte de una red que 45 empresas que estaban al servicio del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco\".

El domingo pasado El Espectador publicó un informe titulado \" \'Pitirri\' enloda a Mario Uribe\", donde el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias \'Pitirri\', acusa al senador Mario Uribe de haber pedido ayuda a un frente paramilitar a fin de conseguir indebidamente unas fincas.

Un alto militar, unos prestigiosos industriales y un destacado político acusados de nexos con los narcos o los \'paras\': cualquiera diría que en estos tres tristes casos la corrupción ha recibido tres gruesos golpes. No es verdad. Antes bien, nos encontramos ante un cuarto modelo de corrupción: la acusación sin proceso y sin pruebas, nacida de fuentes altamente sospechosas, ante la cual los sindicados no tienen cómo defenderse. Todos los códigos civilizados, desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la Constitución de Colombia, consagran el debido proceso. Es decir, que a los imputados los juzgue la autoridad que les corresponde con arreglo a leyes preexistentes y solo se les condene si las pruebas aportadas durante el proceso consiguen destruir la presunción de inocencia que los acompaña.

Calibrando titulares, el general, la familia de comerciantes y el senador aparecen ante la opinión pública como casi seguros autores de graves delitos, sin que ningún juez ni autoridad competente los haya siquiera llamado a juicio. Los tres niegan con vehemencia los cargos y no se conocen pruebas claras contra ninguno. A Montoya lo acusó ante la DEA de Panamá un delincuente (q.e.p.d.) apodado \'Doble Cero\'. A Uribe, desde Canadá, un tipo que lleva a sus espaldas numerosos delitos. A los Mor, alguien que no se sabe quién es. En este último caso, la familia sufre cuantos castigos financieros y comerciales desencadena la mera aparición en la lista Clinton, más los que añaden por su cuenta, con vergonzosa diligencia, bancos, empresas y entidades colombianas. En apoyo de los derechos de los Mor han salido columnistas de tan disímiles características como Juan Gabriel Vásquez y Salud Hernández.

En las tres historias, las \"pruebas\" resultan deleznables. La CIA dice ahora que lo de Mejía era una especie de borrador. Uribe desvirtúa con documentos temerarias afirmaciones de \'Pitirri\'. Con los Mor, Estados Unidos explica que solo pretende \"confirmar o descartar\" sus nexos con narcos, o sea que se trata apenas de conjeturas. No he visto ni hablado nunca con ninguno de los personajes que me ocupan, pero todo esto apesta a atropello. Al atropello que se ha erigido en fuente bastarda de justicia desde que esta se entregó a la embajada de Estados Unidos y a los delincuentes más atroces. Basta con que un narco o un paramilitar busque ser juzgado en Estados Unidos, para que se lance a inventar escándalos. Eso sube su cotización. No necesita aportar pruebas ni guardar coherencia. Las víctimas tendrán que mendigar entrevistas en la prensa o investigaciones formales para defenderse del criminal.

Y lo peor es que los colombianos hemos terminado por creer que semejante aberración es una forma de justicia, no de corrupción.



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