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Minas: el enemigo silencioso
Ante el panorama actual, la lucha contra las minas antipersona se adelanta en dos frente: los acuerdos humanitarios y la cualificación de las Fuerzas Militares. Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, en Colombia pueden haber sembradas alrededor de 70 mil minas antipersona. Sin embargo, el número puede ser mayor dado que todos los días, los grupos armados continúan con esta práctica prohibida por la Convención de Ottawa y ratificada con el Llamamiento de Ginebra.
La cifra de por sí es alarmante, máxime si se tiene en cuenta que la vida útil de estos artefactos de guerra oscila entre los 7 y 10 años.

A diferencia de otros conflictos en el mundo, los grupos armados en Colombia no utilizan minas de fabricación industrial, sino que recurren a trampas más rudimentarias, elaboradas de manera artesanal, lo que hace más difícil su detección y su destrucción.

A esto se suma el que los grupos guerrilleros (a las Farc y el ELN pertenecen el 90% de las minas sembradas en el país) en muchas ocasiones no mapean las zonas minadas; en otras, los artefactos cambian de sitio debido a los distintos movimientos geológicos de los terrenos.

Lo anterior pone al país frente una dura encrucijada: así se logre acabar con el conflicto armado (desmovilización y reinserción de los diferentes grupos armados), el país tendría que afrontar una delicada situación humanitaria mínimo otra década, debido a las minas antipersona.

“El problema con las minas no es solamente del conflicto, sino también del postconflicto. La experiencia de países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador enseña que después de que se firmaron los acuerdos de paz, quedaron las minas y aún hoy se registran accidentes, pocos, pero se presentan”, afirma Juan Carlos Villegas, del Comité de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Según los datos de este Comité, fabricar una mina cuesta entre dos mil y cinco mil pesos, mientras que su destrucción puede ascender al millón de pesos, pues se requiere de equipos especiales y una fuerza especialmente entrenada para su desactivación.

Llamado humanitario

Ante el preocupante panorama, desde diversos organismos se viene trabajando en dos direcciones; de un lado, la promoción y generación de acuerdos humanitarios donde se logre: primero; el compromiso de los grupos guerrilleros a suspender la siembra de minas antipersona; y segundo, el desminado humanitario en algunas zonas.

De otro lado, desde las Fuerzas Militares se busca fortalecer los equipos de detección y destrucción de minas, así como en la investigación científica de estos artefactos, a fin de liderar la batalla contra el denominado “enemigo silencioso”.

En el primer frente, los últimos avances logrados con los presos políticos de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, y su propuesta de desminado humanitario en el Oriente, generan un aire de esperanza entre las autoridades civiles, las organizaciones no gubernamentales y principalmente, los habitantes de la subregión.
Procesos como éste apuntan a que contrario a lo sucedido en otros países, Colombia le apueste a adelantar desminados humanitarios, aún sin existir un acuerdo previo de paz.

No obstante, para algunos analistas el tema debe suscribirse a un proceso de negociación, como el que se adelanta actualmente con el ELN, con el fin de garantizar una verdadera erradicación de los artefactos de guerra.

Por ello, muchos prefieren guardar prudencia ante los anuncios de desminado humanitrio, pues saben que para llevarlos a cabo se requiere de un mínimo de condiciones que varias zonas no cumplirían.

“Hay que verificar las condiciones de seguridad, hay que delimitar las zonas y adelantar estudios de factibilidad”, declara Carlos Franco, delegado de la Vicepresidencia de la República para los Derechos Humanos, al referirse al tema del desminado.

Investigación militar

Por su parte, las Fuerzas Militares vienen avanzando en la capacitación de sus efectivos para contrarrestar este práctica.

Es así como desde el Batallón de Ingenieros No 4, General Pedro Nel Ospina, con sede en Medellín, se viene capacitando a grupos especializados para la detección y destrucción de minas, como lo son los grupos Exde –explosiones y demoliciones-.

Dichos grupos, integrados por dos suboficiales, dos ayudantes y un guía canino, han logrado destruir en unidades de la IV Brigada, un total de 1.200 minas, que se suman a las 980 desactivas por el Batallón Pedro Nel Ospina.

Sin embargo, como lo anota el teniente coronel Edgar Emilio Ávila Doria, comandante de la guarnición, el uso indiscriminado de estos artefactos no sólo aumentó el número de incidentes, heridos y muertos en este año(46 miembros de la Fuerza Pública han sido mutilados, dos han fallecido y 96 han resultado heridos), sino que obligó al nuevas estrategias para erradicar el flagelo.

“En vista de esto, el Batallón no solamente se va a preocupar por la ubicación y destrucción, sino que también vamos a hacer investigación y desarrollo. Queremos atacar este fenómeno de forma estructural”, señala Ávila Doria.
Esta es la intención del nuevo Centro de Investigación en Minas que construirá próximamente la guarnición militar, con apoyo económico cercano a los 380 millones de pesos otorgados por la Alcaldía de Medellín.
“Todo los días nos están sorprendiendo con ingenio malévolo, están utilizando químicos de cualquier clase, de todo tipo de detonadores.

Las métodos de siembra también los cambian constantemente, las combinan con toda clase de material para confundir a los caninos. Por eso, el Centro también nos va a permitir monitorear el terreno y pasar de la estadística fría a la búsqueda de soluciones”, indica el Teniente Coronel.

Según Ávila Doria, las minas están siendo utilizadas para proteger los cultivos ilícitos y se han detectados campos minados en cercanías a escuelas, centros de salud, y placas polideportivas, lo que representa una seria infracción al Derecho Internacional Humanitario.



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