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Arremetida cobarde de las Farc
Un verdadero bautismo de fuego para el Dr. Juan Manuel Santos, nuevo ministro de la Defensa.
Con excepción de un pronunciamiento de Human Rights Watch en términos severamente críticos, hay que reconocerlo, sobre la tragedia que se cierne sobre el Chocó, convertido aparentemente en escenario de un macabro relevo de fuerzas entre las autodefensas en plan de retirada y las Farc, que pretenden ocupar esos espacios, no se ve por ninguna parte el repudio nacional e internacional a los crímenes de lesa humanidad que allí se vienen cometiendo ni a los que en otras regiones del país esa guerrilla perpetra cada día contra civiles, entre ellos niños inocentes, completamente ajenos al conflicto, como sucedió en el corregimiento Cedeño, de Yarumal, norte de Antioquia, donde cuatro niños y tres adultos resultaron gravemente heridos al pisar minas sembradas por el frente 36 de las Farc en un parque infantil.

La Ong HRW dijo desde Washington, a propósito del secuestro masivo de aserradores, el 13 de julio pasado, en jurisdicción de Riosucio, Chocó, y el asesinato de por lo menos diez de ellos, que las Farc han mostrado una vez más el desprecio hacia los derechos de los colombianos, no obstante que el DIH prohibe ataques contra civiles, incluyendo secuestros y recordó que la distinción entre civiles y combatientes es un principio jurídico básico que no ha sido entendido ni aceptado jamás por esa guerrilla. “Las Farc no dudan en amenazar, secuestrar, ‘desaparecer’ y matar, sin importar si sus víctimas son civiles o combatientes... Este secuestro pareciera ser otro nuevo y terrible ejemplo de su extrema brutalidad”, escribió su director José Miguel Vivanco, sin que hasta ayer lo hubieran secundado en esa denuncia otras Ong tan supuestamente vigilantes de lo que pasa en Colombia en derechos humanos, sobre todo cuando se trata de censurar al Estado y a las FF.AA, como Amnistía Internacional o, para no ir muy lejos, la Oficina Internacional de DD.HH, Acción Colombia, que coordina en nuestro país el trabajo de 35 Ong europeas, como tampoco se han manifestado la flamante Oficina de Naciones Unidas en Colombia ni la Comisión Interamericana de DD.HH de la OEA, ni la Asociación Latinoamericana para los DD.HH, con sede en Quito.

En su desespero por mostrar que no están derrotados, a pesar de los duros golpes que reciben todos los días por parte del Ejército en muchas regiones del país, Tirofijo y sus secuaces están acudiendo incluso a prácticas tan sanguinarias como la tortura de sus víctimas y posterior muerte a machetazos, como en las peores épocas de Sangre Negra y otros jefes de la violencia de los años 50 del siglo pasado. La Oficina de Acción Social de la Presidencia denunció ayer que cuatro campesinos de su programa de Guardabosques, reclutados junto a un grupo de “raspachines” que aceptaron tomar el camino de la legalidad y no seguir haciendo el juego al narcoterrorismo para dedicarse con apoyo del gobierno a erradicar cultivos ilícitos y a vivir con dignidad y en paz, murieron descuartizados a machetazos en Arquía Limón, vereda de Unguía, Chocó. La Diócesis de Quibdó dijo que como consecuencia de los asesinatos, unas 300 personas de familias que habitan esa zona huyeron hacia la cabecera municipal, como parte de un fenómeno de desplazamiento que se ha venido recrudeciendo en las últimas semanas a raíz de los enfrentamientos entre el frente 57 de las Farc y el grupo “Elmer Cárdenas” de las AUC, que se ha negado a desmovilizarse, y que se disputan el control de un corredor estratégico para su negocio de narcotráfico y contrabando de armas.

Según autoridades y habitantes de la región, los secuestros y asesinatos hacen parte del plan de las Farc de arrebatar a las AUC el dominio sobre el negocio de la madera, que es la base de la economía formal del municipio de Riosucio, pues se afirma que el 80% de la gente vive de su explotación y comercialización. Se afirma que la gente de Freddy Rendón, alias “el Alemán”, no sólo controla los precios de la gasolina y los puertos de las riberas del Atrato, sino que maneja almacenes en Riosucio, Carmen del Darién y Juradó, donde comercializa la madera, que recibe de los campesinos aserradores a cambio de un mercado para sus casas, otro para cuando van para la selva y una motosierra. Se asegura que en los últimos dos años ese frente paramilitar ha repartido 200 de esos equipos, de los cuales las Farc se robaron 35 la semana pasada.

Por suerte para la asediada población del Chocó, el Gobierno parece tener muy claro el drama que se vive allí y la imperiosa necesidad de intervenir con toda la capacidad del Estado para derrotar de una vez por todas a los violentos, y para eso el propio presidente Alvaro Uribe ordenó ayer el envío de una nueva Brigada Móvil del Ejército Nacional, integrada por cuatro batallones de contraguerrilla, con un total de 1.600 soldados profesionales, entrenados especialmente para desarrollar operaciones de control militar de área, en cualquier zona del país, contra organizaciones armadas al margen de la ley, en defensa de la democracia, los ciudadanos y la infraestructura económica.

Tremendo desafío el que tendrá que enfrentar el nuevo ministro de la Defensa, ya no sólo en el Chocó, sino en aquellas regiones del país donde persisten o resurgen algunos focos del paramilitarismo y en las que las Farc muestran todavía cierta capacidad de daño. Un verdadero bautismo de fuego para el Dr. Juan Manuel Santos.



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